Programas de protección de sindicalistas amenazados no han logrado reducir los crímenes
En lo corrido el presente mes se han registrado 11 asesinatos, y en el año van 18 casos. Plan de pago de recompensas permite primeras capturas de responsables.
Justamente la violencia contra trabajadores organizados es uno de los puntos que tiene en jaque la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuya discusión fue congelada indefinidamente por la Cámara de Representantes de ese país.
Sin embargo, antes de un mes de entrar en ejecución un programa de pago de recompensas por el crimen contra sindicalistas ya se pagaron las primeras y se capturaron presuntos responsables por la muerte de tres sindicalistas, asesinados en este año.
La mayoría de estos crímenes han sido con arma blanca, 70 por ciento más que el mismo lapso del año pasado cuando a esta fecha habían matado 10 sindicalistas.
El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Fabio Arias Giraldo, sostiene que este es un tema preocupante e insiste en mencionar las declaraciones del asesor presidencial José Obdulio Gaviria en el sentido de que quienes participaron en la marcha del 6 de marzo tendrían algunos vínculos con la guerrilla. “Y no es justo porque además participamos en la del 4 de febrero”, puntualizó el dirigente sindical.
La CUT emitió un comunicado en el que reclama “un verdadero castigo a los involucrados en la ‘parapolitica’ y exige que se conozca toda la verdad en las relaciones de este fenómeno con el Gobierno, los empresarios y el asesinato de sindicalistas, y no la impunidad que ha venido imponiendo la Ley de justicia y paz”.
Piden una reforma política porque consideran que 51 congresistas implicados en la parapolítica y 29 presos por la misma causa, genera una grave crisis de legitimidad del Congreso. “Que incluya castigo para los partidos que inscriban candidatos con vínculos con los grupos ilegales y se otorguen esas curules a los partidos que no se han visto involucrados en este tema”.
Manifiestan que el movimiento sindical se encuentra afectado por este fenómeno e informa que el último informe de la Escuela Nacional Sindical, ENS, actualizado a abril de 2008, sobre las violaciones del derecho a la vida, en los últimos años han sido víctimas de 24 allanamientos ilegales, 2.116 amenazas, 107 atentados, 65 desapariciones, 471 desplazamientos forzados, 412 detenciones arbitrarias, un homicidio a un familiar, 920 homicidios, 194 hostigamientos,115 secuestros y 14 casos de tortura.
Gobierno contradice cifras
El Gobierno Nacional tiene su propia versión. Cerca de una docena de programas, convenios y alianzas que conducen a lo mismo: la protección de los sindicalistas amenazados tiene con escoltas a más de 2.000 sindicalistas; blindadas 170 sedes sindicales, y han sido trasladados 1.200 maestros que son las principales víctimas de este flagelo.
“Pero es que los asesinatos de este año no fueron contra ningún sindicalista que nos hubiera manifestado que estaba amenazado y nosotros así no podemos ser adivinos. Además dos de ellos eran guardias del Inpec sindicalizados y pues una persona en ese cargo tiene riesgos adicionales a su condición de sindicalista”, sostiene el viceministro de Relaciones Laborales, Andrés Palacio.
Por su parte, Arias Giraldo afirma que las víctimas en general eran de los sectores medios de los sindicatos, no necesariamente líderes, pero que eran de distintas partes del país, del Norte de Santander, de Santander, de La Guajira, de Antioquia, de Bogotá, del Putumayo.
“El gobierno dice que no tiene nada que ver con su actividad sindical. ¿Desde cuándo el Gobierno es juez? Decimos que se investigue pero a profundidad porque la impunidad sigue en unos niveles del 98 por ciento y cuando ha habido fallos, solamente se conocen los autores materiales pero ninguna letra sobre los intelectuales. Esa impunidad es del 100 por ciento”, agrega Arias.
El viceministro Palacio asegura que siempre y cuando el sindicalista radique su amenaza o informe de ella a la Fiscalía, a los ministerios del Interior, Educación o Protección Social, Presidencia o Vicepresidencia de la República, serán protegidos con esquemas de seguridad, carros, celular, escoltas y demás, dependiendo del nivel de riesgo.
En ese programa en esos mismos ocho años hay alrededor de dos mil personas protegidas, 177 sedes blindadas. Además tiene un proyecto de seguridad preventiva entre el Ministerio del Interior, el Das y la Policía que ya inició en seis departamentos, entre ellos Atlántico, Valle del Cauca y Tolima.
“Ninguno de los protegidos ha sido asesinado, y de los que mataron ninguno tenía amenazas y por lo tanto no estaban dentro del programa de protección”, dijo el Viceministro.
Con el Ministerio de Educación se ha logrado proteger y trasladar a más de 1.246 maestros a diciembre del 2007.
En el programa de recompensas ya se ha pagado en un caso con la coordinación de la Fiscalía General de la Nación y la colaboración de la comunidad, en los últimos 4 días se logró la captura de 2 personas por los homicidios de 3 sindicalistas asesinados en este año: Mario Zuluaga, sindicalista de Asmedas, asesinado el 20 de enero en Medellín y Luz Marina Díaz López y Emerson Iván Herrera, profesores del Putumayo afiliados a ASEP, los cuales murieron el 1 de abril en ese departamento.
Palacio destaca que algunos de estos programas han recibido el visto bueno de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pero la Cut rechazó enérgicamente el programa de recompensas por violatorio del estado social de derecho.